Ilustración digital de un yaguareté entre la vegetación cerrada de la selva

Los expedientes
del yaguareté

De la caza en el norte a las pieles en el AMBA, el delito que casi nunca llega a juicio

En Argentina quedan 250 yaguaretés. Aunque fue declarado Monumento Natural Nacional, su principal amenaza no está solo en el monte, sino también en los tribunales: la mayoría de las causas por caza o tráfico ilegal se archivan.

FOPEA | DJV Bootcamp

En agosto de 2025, el mundo celebró a la Justicia Argentina. Es que, por primera vez en la historia de nuestro país, la caza furtiva del yaguareté o Panthera onca —animal declarado Monumento Natural Nacional y especie en peligro crítico de extinción— llegó a un juicio oral y obtuvo un fallo inédito. Medios ambientales y organizaciones internacionales ecologistas, como Greenpeace, elogiaron la sentencia y destacaron que marcó un precedente. Incluso, la prensa internacional también se hizo eco del tema. “En Argentina, una condena ejemplar por la caza ilegal de un yaguareté”, tituló Le Monde.

Durante el debate, los condenados —Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce de León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce de León— admitieron haber cometido el delito. “No somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo, como se dijo”, aseguró Hugo, días antes, en diálogo con Infobae. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró. Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman. “Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, cerró Claudio.

Huella de yaguareté

Cronología de un fallo sin precedentes

Es la primera vez que la justicia argentina condena con prisión este delito. Paso a paso de los hechos:

Cuatro cazadores posan junto al cuerpo despellejado de un yaguareté colgado en un galpón de Ibarreta, Formosa.
1

Julio de 2024

Matanza

Cuatro hombres cazaron y despellejaron a un yaguareté en un campo de Ibarreta (Formosa). Antes de comérselo, se fotografiaron junto al animal maniatado y colgado.

Captura de redes sociales donde se difunde la denuncia del Plan Nacional Yaguareté.
2

27 de julio de 2024

Denuncia

Las imágenes circularon en redes y llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante del Plan Nacional Yaguareté, quien denunció el hecho ante la justicia federal.

Agentes federales inspeccionan el campo allanado donde se hallaron pruebas de la caza del yaguareté.
3

29 de julio de 2024

Allanamiento y captura

La policía allanó el campo donde ocurrió la matanza y detuvo a su dueño. Los otros tres acusados se dieron a la fuga y quedaron con orden de captura nacional. La piel del yaguareté que se ve en las fotos y el arma utilizada para matarlo nunca fueron encontradas.

Si bien se trató de una condena histórica, también fue una excepción. Antes de este caso hubo decenas de causas similares que se perdieron en el camino: entre 2010 y 2023 la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (UFIMA) —la fiscalía federal creada para perseguir delitos que afectan el medio ambiente en todo el país— abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté. No obstante, la Red Yaguareté —ONG fundada en 2001 dedicada a la conservación del felino— asegura que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 causas abiertas y sospecha que muchos otros hechos nunca llegaron a judicializarse.

Un análisis de la evolución de esas investigaciones muestra que la caza se concentra en el norte del país —con Salta (6 casos), Formosa (4) y Misiones (2) a la cabeza—, mientras que la comercialización de pieles aparece con fuerza en Buenos Aires (8) y CABA (3), es decir, donde está el mercado. El rol de las organizaciones ambientalistas es clave. Muchas de las investigaciones nacen a partir de denuncias realizadas por ONG o de fotos y videos que circulan en redes, pero terminaron archivadas. Los pocos casos con sanción fueron de carácter administrativo y no penal, impuestas por organismos ambientales y no por la justicia federal, lo que reforzó la percepción de que el delito podía “arreglarse” con dinero.

Lista completa de investigaciones preliminares

Se trata de la etapa inicial que realiza la UFIMA para comprobar si un hecho denunciado podría constituir un delito ambiental. En esta fase se recolectan pruebas y, si hay evidencia suficiente, se da intervención al Poder Judicial —según la jurisdicción que corresponda— para su trámite como causa penal. Sin embargo, en buena parte de las causas analizadas se desconoce el estado actual del expediente, ya que no hay información sobre su avance o resolución. Un ejemplo es la causa iniciada en 2020 por presunta caza de yaguareté en el río Bermejo que, según se pudo constatar, aún continúa “en trámite”.

Infografía anatómica del yaguareté con etiquetas destacadas — versión móvil

Instancias judiciales a las que llega cada causa

Icono de huella de yaguarete que marca el cierre de la seccion de datos

Yaguareté: anatomía de un superdepredador

Es el felino más grande y poderoso de América y símbolo de la fauna argentina. Su presencia cumple un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas.

Infografía anatómica del yaguareté con etiquetas destacadas — versión móvil

La trastienda judicial de los delitos ambientales

La protección de la fauna silvestre ocupa un lugar central en Argentina. Según el fiscal Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), desde la creación del organismo, en 2006, el 42% de las investigaciones preliminares que llevan adelante están vinculadas a delitos que afectan a especies autóctonas y protegidas. “Nuestro trabajo no solo busca sancionar, sino también proteger bienes colectivos”, resume.

¿Cómo se origina una investigación preliminar por presunta caza de yaguareté o tenencia de cuero de dicha especie? La mayoría se inicia a partir de denuncias de ciudadanos o de organizaciones ambientalistas, como Red Yaguareté y Fundación Vida Silvestre, que aportan información clave. “Con el auge de las redes sociales, muchas personas comercializan especies o suben fotografías de caza, especialmente a través de Facebook. En este contexto, son los propios particulares y las ONG quienes detectan estas situaciones”, explica González.

“Nuestro trabajo no solo busca sancionar, sino también proteger bienes colectivos como la fauna silvestre”

Ramiro González

Titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)

Una vez que la UFIMA logra reunir pruebas suficientes, la investigación preliminar puede derivar en una causa judicial. De acuerdo con el fiscal, las principales limitaciones antes de llegar a esa instancia están vinculadas a la dificultad de obtener evidencias contundentes: “Durante la investigación preliminar solo podemos realizar medidas informativas o de fiscalización. Para avanzar con allanamientos o imputaciones formales es necesario que la causa esté judicializada”.

Cuando el expediente pasa al ámbito judicial, la UFIMA deja de intervenir. “Solo realizamos el seguimiento con fines estadísticos y de análisis”, dice González.

En este contexto, el fallo de Ibarreta constituye un avance histórico en la judicialización de delitos contra la fauna silvestre en Argentina, pero ¿es suficiente? ¿En qué medida la Ley 22.421 responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? “Sería necesario incrementar las sanciones y agravar la figura de la caza cuando se trata de un yaguareté”, sostiene el titular de la UFIMA. Para él, una persecución más efectiva del delito ambiental requiere de una reforma integral: incorporar tipos penales ambientales al Código Penal, crear juzgados especializados y fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos ambientales, entre otras cuestiones. “La pérdida de especies no es un daño menor: afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad de vida de todos”, concluye.

Amenazas a la especie

El retroceso del yaguareté en Argentina no se debe a una sola causa, sino a la combinación de distintos factores. Para revertir el panorama, además de penas más duras contra los cazadores, es necesario un trabajo sostenido con las comunidades que comparten territorio con la especie. Entre las soluciones posibles se destacan la instalación de cercos eléctricos para evitar el ingreso de felinos a los campos y los programas educativos en escuelas rurales, orientados a promover la convivencia y el respeto por el principal depredador del ecosistema.

Caza
PÉRDIDA Y FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT
ATROPELLAMIENTOS

Caza

Sigue siendo la principal causa de muerte: ocurre por represalias ante ataques al ganado o por el valor de su piel y colmillos en el mercado negro.

PÉRDIDA Y FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT

Impulsada por los desmontes y la expansión agrícola. Reduce su territorio y la disponibilidad de presas.

ATROPELLAMIENTOS

Son una amenaza reciente en la población de la Selva Paranaense en Misiones. En 13 años se registraron al menos 5 atropellamientos.

Leyes que lo protegen

Matar yaguaretés es ilegal en todo el país y se castiga con cárcel. La Ley N.º 22.421 de Conservación de la Fauna establece, en su artículo N.º 25, entre cuatro meses y tres años de prisión para quien cace animales prohibidos, además de la inhabilitación para el uso de armas de cinco a diez años. En los hechos, eso se traduce en penas leves que, en la mayoría de los casos, terminan en suspenso.

LEY N.º 22.421

Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre

Sancionada en 1981. Prohíbe expresamente cualquier forma de caza, tenencia o tráfico. Además, establece sanciones económicas y penales para quien cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización están prohibidas.

Ver la ley completa.

LEY N.º 25.463

Declaración del Yaguareté como Monumento Natural Nacional

Sancionada en 2001. Declara al Panthera onca Monumento Natural Nacional, la máxima categoría de protección. Prioriza su conservación, investigación y control de amenazas, pero no establece una pena por su caza ilegal.

Ver la ley completa.

Si bien hubo varios intentos por actualizar la Ley N.º 22.421, ninguno prosperó. Tras la mediatización del caso de Ibarreta, el diputado nacional del PRO, Damián Arabia, presentó un proyecto que —aunque no reforma la normativa en su conjunto— busca endurecer las penas: propone elevarlas a un rango de cuatro a ocho años de prisión, lo que implicaría cumplimiento efectivo en todos los casos.

Hasta el momento, el mapa del delito sigue siendo fragmentado, pero empieza a vislumbrarse un cambio. “La única manera de hacer cumplir la ley es que las penas sean duras y ejemplares. No confío demasiado en cursos o capacitaciones: los jueces aplican las leyes que existen, y por eso es crucial modificar la legislación”, sostiene Arabia.

Denunciar también ayuda a proteger al yaguareté

Cualquier persona puede reportar hechos vinculados a la caza, tenencia o tráfico de fauna silvestre ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). Las denuncias pueden realizarse por correo electrónico a ufima@mpf.gov.ar, por teléfono al (011) 7092-6373/74/75, o personalmente en Diagonal Norte 1190, 2° piso, Ciudad de Buenos Aires. Es importante incluir la mayor cantidad de datos posibles —lugar, fecha, fotografías o nombres— y también se puede solicitar hacerlo con reserva de identidad.

Icono de huella de yaguarete que cierra la seccion de leyes

Créditos

Esta visualización de una investigación periodística basada en datos fue elaborada durante el segundo semestre de 2025 en el ámbito de Data Journalism Visualization Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino. El programa recibió el apoyo de la Embajada de Suiza en la Argentina.
Contacto: fopea@fopea.org

Investigación periodística
Florencia Illbele
Diseño
Guadalupe Pesqueira y Jésica Oldani
Ilustración
Trabajadas con inteligencia artificial en base a fotografías de Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Facebook, La Voz de Misiones y una captura de videollamada
Análisis de datos
Ignacio Suárez
Programación
Cristhian Rodrigo Sosa Zurita
Mentoría
Mariana Trigo Viera
Liderazgo de DJV Bootcamp
Irene Benito
Supervisión de FOPEA
Amelia Corazza (directora ejecutiva) y Paula Moreno Román (presidenta)

Fuentes consultadas

  • Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)
  • Agustín Paviolo, investigador del CONICET y coordinador del Proyecto Yaguareté
  • Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director ejecutivo de Red Yaguareté
  • Enrique Viale, abogado ambientalista y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
  • Blas Matías Michenzi, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Ciudad de Buenos Aires
  • Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina
  • Red Yaguareté, Fundación Vida Silvestre, Fundación Rewilding Argentina, Proyecto Yaguareté, Greenpeace Argentina
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